Concluyó el plazo de la investigación preliminar a Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima por el préstamo de los relojes Rolex y finas joyas. La ley establece que el fiscal de la Nación debe formular acusación constitucional o pasar todo al archivo
El domingo 19 de mayo último concluyó el plazo de la investi- gación preliminar que realizó el fiscal de la Nación, Juan CarlosVillena, contra la presidenta de la República, Dina Ercilia Bo- luarte Zegarra, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el escándalo de los Rolex y los incrementos de presupuesto a dicha región.
Desde hace una semana en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la fiscalía de la Nación, se discute qué hacer luego del 19 de mayo: forzar una ampliación del plazo acogiéndose al Código Procesal Penal o cumplir con lo que es- tablece el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley 27399 que da sustenta jurídico al inicio de la investigación.
Para una ampliación de plazo ya no habría oportunidad, según la mayoría de fiscales. La norma procesal común señala que esto debió realizarse antes del 18 de mayo y haberse notificado a to- dos los involucrados.
Denuncia constitucional
Lo que queda es cumplir con la Ley 27399. Esta norma pre- cisa: ‘El plazo de la investiga- ción preliminar no excederá de 60 (sesenta) días naturales. En caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comi- sión de los delitos a que se re-fiere el párrafo precedente (de- litos de función cometidos por altos funcionarios públicos), el Fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional corres- pondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en dicha investigación’.
El fiscal de la Nación se ha- bría referido al cumplimiento de esta ley en su última presenta- ción ante el Congreso de la Re- pública. Villena declaró que en los próximos días emitirán un pronunciamiento de fondo en las investigaciones contra Dina Boluarte y otros funcionarios, y que los plazos en el caso de los Rolex estaban por vencer.
Esto es, según las fuentes, que se procederá a presentar la acusación constitucional contra Dina Boluarte ante el Congreso por delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de información en declaraciones oficiales y co- hecho propio e impropio, con los hallazgos realizados hasta hoy. De no tomar esa decisión, el caso se tendría que archivar.
Sin embargo, todos son cons- cientes de que es poco probable que la denuncia constitucional prospere, dado el apoyo que las fuerzas políticas, que controlan el Parlamento, brindan a Bo- luarte. Además, los indicios no serían concluyentes en el mo-
mento actual para motivar la comisión de actos ilícitos.
Boluarte y Oscorima han ad- mitido la recepción y entrega a préstamo de lujosas joyas y que el gobernador regional de Aya- cucho recibió ampliaciones de presupuesto, pero salvo la coin- cidencia de lugares y fechas, no hay un indicio claro que conecte la ilicitud en ambos eventos.
La presidenta y el gobernador regional niegan que los prés- tamos implicarán una contra- prestación, un intercambio de favores. Para un enriquecimien- to ilícito se requiere un peritaje financiero contable que muestre que los gastos son superiores a los ingresos. Actos de investiga- ción que requieren más tiempo y que se podrían realizar en una formalización de investigación preparatoria.
El 10 de mayo de 2024, el Mi- nisterio Público inició diligencias preliminares contra la presiden- ta de la República, Dina Boluar- te, y el ministro del Interior, Walter Ortiz por la desactivación
del grupo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales con- tra la Corrupción del Poder (Efic- cop), dirigido por la fiscal Marita Barreto. El plazo de está inves- tigación también tiene un plazo máximo de 60 días, hasta el 10 de julio de 2024.
Contraataque
Mientras la fiscalía de la Na- ción evalúa qué pasos dar, los abogados de los principales im- plicados han empezado a levan- tar trincheras de defensa.
Así, ante la eventualidad de que la fiscalía busque innovar en los procedimientos penales en cuanto al plazo de la investiga- ción, como sucedió en la época del expresidente Pedro Castillo, la defensa de Oscorima pidió al juez Juan Carlos Checkley que realice una audiencia de con- trol de plazo. El juez Checkley deberá citar una audiencia para decidir.
De otro lado, a pedido de la defensa de Boluarte, el juez de Investigación Preparatoria ha convocado para este martes, 21 de mayo, una audiencia de tute- la de derechos.
La defensa de la presidenta Boluarte cuestiona que la fiscalía haya realizado una extracción y transcripción de información de fuente abierta -de artículos pe- riodísticos de La Encerrona, La República y El Comercio- sin la participación de su defensa téc- nica, lo que afectaría su derecho de defensa.
Los abogados piden la nulidad de la extracción, transcripción de esa información y su inclusión en el expediente del caso, lo que estuvo a cargo de los fiscales ad-
juntos Karina Llatance Mendoza y Walter Arnaldo Giles Paucar.
De prosperar este pedido de la presidenta, la fiscalía de la Na- ción se quedaría sin la noticia que sustentó el inicio y la ampliación de la investigación preliminar y que fundamentaría, en su mayor parte, la denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
Abogado renuncia a la defensa
En tanto, el abogado Mateo Castañeda renunció este lunes 20 de mayo a la defensa de la presidenta Dina Boluarte. La de-cisión se oficializó a través de las redes sociales del estudio jurídico Castañeda&Menacho. El comuni- cado precisa que el letrado ya no representará a la jefa de Estado, tampoco a su hermano Nicanor Boluarte ni al exministro Carlos Morán.
‘Nuestro estudio de aboga- dos ha decidido apartarse de la defensa de la señora presidenta Dina Boluarte y Nicanor Boluar- te (…) Se ha dado cuenta que se trata de una investigación encu- bierta con el objetivo de perjudi- car a la señora presidente a quien tienen falsamente a la cabeza de un organigrama de una supuesta organización hecha solo con foto- grafías’, precisa el comunicado.
El viernes 17 de mayo, Casta- ñeda salió en libertad tras per- manecer siete días con deten- ción preliminar como supuesto integrante de una organización criminal. La Quinta Sala de Ape- laciones concluyó que, si bien ha- bía hechos que justificaban una investigación, no había indicos de que el abogado obstaculice o intente fugar, para motivar una privación de libertad.