viernes, mayo 17, 2024
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Rectores exhortan a autoridades a respetar gobernabilidad de universidades públicas

En reunión sostenida el día de ayer en la ciudad de Lima.

La Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP) de la cual es parte la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC informó que, si bien ya se ha culminado un proceso de licenciamiento, tienen exigencias por subsanar emitidas por la SUNEDU por un monto aproximado de S/ 549 millones al 2024. Por efectos de la pandemia, se ha reducido los recursos directamente recaudados por una cifra de S/ 482 millones, provocando un grave desfinanciamiento y poniendo en riesgo la operatividad de las universidades.

Por otro lado, los 27,801 docentes de las 52 universidades públicas, han contribuido a sostener la continuidad del servicio académico en esta emergencia sanitaria; sin embargo, mantienen sus remuneraciones congeladas durante varios años, a pesar de existir un marco legal para su homologación con las equivalentes a las de los magistrados del Poder Judicial.

En la programación multianual 2022 – 2024 y formulación presupuestal 2022, el MEF ha dispuesto recortes a la asignación presupuestal a todas las universidades públicas; que en algunos casos alcanza hasta el 50% del presupuesto asignado en la fuente de Recursos Ordinarios, poniendo gravemente en riesgo la continuidad del servicio aca- démico en el año 2022; a esto se suma, las restricciones para el uso del presupuesto en partidas con asignación presupuestal, que harán inviable el uso de estos recursos como ha ocurrido en el presente ejercicio fiscal y en los anteriores.

El recorte y restricción de partidas señalados, se vienen aplicando específicamente a las partidas presupuestales de personal (2.1 docentes y administrativos, 2.2 pensiones y 2.3 contratos CAS). En el primer caso, afectando seriamente la formación académica de los estudiantes, incorporación de nuevos docentes y el proceso de promoción y ascenso docente dispuesto por ley. Asimismo, afectando gravemente a la gobernabilidad de las universidades públicas, al no contar con la cantidad suficiente de docentes en las diferentes categorías para constituir los cargos y órganos de gobierno conforme a ley. En forma similar, la afectación al personal administrativo necesario para el funcionamiento operativo de las universidades.

Por todo ello, la ANUPP en representación de las 52 universidades públicas, solicita al Presidente de la República disponga junto al Ministro de Economía y Finanzas en el Presupuesto Público 2022, lo siguiente:

1. Restituir el presupuesto de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de las uni- versidades públicas a la situación similar del ejercicio 2021, y atender en su totalidad, las demandas adicionales presentadas oportunamente a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

2. Incrementar las remuneraciones de los docentes universitarios, de acuerdo a lo propuesto por la Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP) y así, permitirles desarrollar sus actividades en condiciones dignas y sostenibles. Lo expresado, no deja de lado nuestro derecho de lograr la homologación docente dispuesto por la Ley No 30220.

3. Disponer la incorporación en la programación presupues- tal multianual 2022 – 2024, los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad presupues- tal de las acciones de personal que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No 31349, ley que autoriza el nombramiento de los docentes contratados de las universidades públicas.

4. Derogar la décimo tercera disposición complementaria del D.S. 131-2018 y la RM 0588-2018-MINEDU, y exceptuar a las universidades públicas de cualquier disposición que restrinja el nombramiento y ascenso de los docentes universitarios en las Leyes de Presupuesto en los próximos ejercicios fiscales, conforme al espíritu de la Ley No 31349.

5. En este año 2021, disponer la emisión un dispositivo legal, similar al numeral 9.1 y 9.2 del Arto 9 del D.U. No 053-2020, donde autorizaba de manera excepcional, durante el 2020, a las universidades públicas para realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, con cargo a los re- cursos de su presupuesto institucional, para financiar su operatividad y funcionamiento, debido a la emergencia sanitaria.

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