Autoridades supramunicipales

Recientemente con la Descentralización y gra­cias a la redistribución de la riqueza minero energé­tica, las municipalidades en particular y el Estado en general comienzan a tener mayor presencia en diversos terrirorios perua­nos.

Este crecimiento de la densidad del aparato pú­blico, estuvo acompañado del reconocimiento sobre la autodeterminación e injeren­cia de lo político en varias decisiones que afectarían el ejercicio del Gobierno y de la autoridad al interior de los distritos y provincias.

Después de años de una vida casi al natural, gobiernos municipales tienen mayores competencias en el ordena­miento urbano, regulación de actividades económicas, recaudación y tributación, defensa de derechos, fomen­to empresarial, gestión ambiental, seguridad ciudadana entre los más importantes. Por no decir, la totalidad de las estructuras políticas de pueblos reciben estas com­petencias, no por conquista, sino por imposición, y cual obligación nunca solicitada, deben dar respuesta a situa­ciones cotidianas del conflicto social, por ejemplo, alinea­miento de vías, licencias de construcción y parámetros urbanos (altura de las edificaciones, retiros, área cons­truida, etc.), licencias de funcionamiento (permisos para que la actividad económica sea conducida de manera tal que no vulnere los bienes colectivos como la seguridad, la salubridad, etc.), servicios de fomento empresarial (ase­soria a emprendedores, habilitación de espacios para el contacto comercial, financiamiento empresarial), promo­ción y defensa de derechos (atención a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados). Servicios que tienen por objeto promover la vida en ciu­dad y que deben ser prestados bajo criterios objetivos, es decir, buscando, por sobre todo, el bienestar colecti­vo, se convierten en parte del discurso electorero de los candidatos, quienes no dudan en ofrecer amnistías para los tributos ediles, habilitar suelos en zonas cercanas a deslizamientos o en fajas marginales de ríos, legalizar el comercio ambulatorio o los servicios de transporte mal prestados (como los vehículos para taxis que no reunen las condiciones mínimas de seguridad).

Funciones de gobierno de la ciudad que deben procurar el ordenamiento de individuos que pugnan por tener be­neficios egoístas, son presentados como si se tratasen de un juego de libre oferta y libre demanda. Obviamente los taxistas quieren menos regulaciones, los operadores turísticos desean zonas francas en centros históricos en los que puedan estacionar a cualquier hora sus vehículos, los corredores de bienes raíces quieren más suelo urba­nizable, los dueños de negocios quieren menos normas y rigideces; pero los políticos no pueden incluir en su oferta la eliminación o manoseo de las leyes que cumplan las aspiraciones de los otros si es que ello va a llevar a la ciudad al caos y desgobierno.

Una somera vuelta por las ciudades del Cusco presenta en vitrina todo lo dicho anteriormente. En el Valle Sa­grado, supuestamente el territorio que nos pone como emblema y destino turistico, las viviendas son construi­das sin parámetros, cuatro, cinco pisos; no importa con tal de agarrar con uñas y dientes el beneficio turístico. Calles invadidas por comercio ambulatorio que gobierno tras gobierno no se puede erradicar. Municipios en los que no se paga nada, no se paga por el servicio de agua, por el servicio de recogida de residuos sólidos, menos por la seguridad ciudadana. Muchas alcaldes se hacen famosos por ser “los buenitos”, pero olvidan que fueron elegidos para ser autoridad, señor.

Ante ello, debemos retomar el concepto de un estado fuerte”, central, y crear modelos de autoridades supra­municipales que se encarguen de atender problemática superior al del ámbito municipal. La contaminación del río Vilcanota no es un problema de Pisac o de Lamay o de Yucay, es un problema inherente al Valle Sagrado, pues amerita un ente supramunicipal, que no es elegido por juego electoral, por tanto no subasta aspectos relaciona­dos a la conservación ambiental. El turismo es una carac­terística de muchos municipios, pues necesita un ente su­pramunicipal, no un Cosituc, tampoco una OGD, necesita una instancia que regule la actividad, que la promueva y la convierta en sostenible y por sobre todo, defienda los intereses de empresarios y de población.

Los entes supramunicipales son una nueva alternativa, un nuevo modelo de estado que puede ser lanzado a todo el Perú desde el Cusco.

Econ: Igor Elorrieta Agramonte