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Descentralización y corrupción

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La Fiscalía ha revelado que el expresidente regional de Áncash César Álvarez, preso en Ancón, habría re­cibido 2.6 millones de dólares de la compañía brasile­ña Odebrecht a condición de entregarle la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Este caso es destacable debido a que se trata de la primera investi­gación de corrupción en el Perú, que no depende de la información administrada por la justicia brasileña en el caso Lava Jato.

Contrastando esta situación con el proceso de descen­tralización que lleva más de una década, vemos con mu­cha decepción que no obtiene los resultados esperados de eficiencia, transparencia y el progreso que muchos esperábamos, y para los cuales se implementaron los mecanismos de gobernadores elegidos democrática­mente, autonomías institucionales absolutas, fortaleci­miento de la población para su participación en los cam­bios, decisiones de inversión, control social, entre otros.

Obviamente existen honradas excepciones, lamentable­mente diluidas por los escándalos cometidos por otros. Y es que algunos gobiernos regionales han sido asaltados por mafias que han aprovechado las fallas estructurales del proceso de desconcentración.

En años anteriores, el Ejecutivo se ha preocupado por transferir funciones, pero no se ha puesto a pensar si las nuevas administraciones tenían los cuadros necesarios e idóneos para gestionar de manera óptima los recur­sos públicos asignados, muchos de ellos procedentes de endeudamientos para ejecutar inversiones que necesita el país.

En esta situación hay responsabilidades compartidas, pocos conocedores del Estado se han encargado de los gobiernos regionales; hubo un débil control guberna­mental y de la población, algunos, como en el caso de Áncash, se han aprovechado del sistema para enrique­cerse.

Se calcula que existen 22 gobernadores y exgobernado­res regionales procesados y/o investigados por actos de corrupción, que han significado muchas obras paraliza­das, inconclusas o con precios sobrevalorados, uso de la administración regional como agencia de empleo o pago de favores, y servicios públicos de mala calidad. El gran pagano es la población, que por años espera la ejecu­ción de los proyectos de saneamiento, salud, educación, seguridad y otros, tan prioritarios para su bienestar, hoy esta expectativa está trunca.

La imagen de la descentralización es que aún quedan algunos feudos o reyes sin corona, a los que ni las ofici­nas de control interno ni la Contraloría y, menos aún, la Fiscalía han podido intervenir, para evitar que se lleven el dinero en carretilla.

Esta situación nos lleva a plantear la necesidad de revi­sar y debatir las fallas del proceso y así generar articula­ción entre las autoridades, transparencia y rendición de cuentas de los gobernadores regionales en el Parlamen­to, pensando siempre en la población, que espera de nosotros entrega y responsabilidad, y que cumplamos eficientemente nuestra labor.

Por: Ana María Choquehuanca

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