Caballo de Troya – El precio de la libertad

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PPK no es el primer ni último presidente en asumir un gobierno con un congreso mayoritaria­mente opositor. Nuestro presidente es parte del grupo de los denomina­dos minority presidents, que la experiencia y la ciencia política demues­tra que solo tienen dos caminos si lo que pretenden es gobernar: a. Sudar, y cerrar democráticamente al parlamento abusivo, obs­truccionista y calculador (como es el que tenemos), o b. Enamorar a la oposición y construir un co-gobierno, una “unión de hecho política” (como es el que ahora pretende PPK).

En coherencia con su practicidad empresarial, PPK pretende pagar su “libertad política” con la libertad del ex dictador; creyendo, inocentemente, que el fu­jimorismo aceptará una convivencia con un gobierno que empezó mal, y que de seguro llegará gastado al 2021; lo que en términos políticos-electorales no con­vendrá ni asomarse.

El problema para el presidente es que su pago pro li­bertare encierra muchos candados jurídicos y políticos que de terminar por impulsarlo pueden llevarlo a una verdadera crisis política, con un congreso opositor, y medio-país protestando en las calles.

JURIDICAMENTE, según la tratativa jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los de­litos de lesa humanidad son imprescriptibles y exigen a los estados partes hacer justicia a las víctimas y sus familias. La misma Corte en el caso Barrios Altos Vs Perú y La Cantuta Vs. Perú proscribió la existencia de indultos o amnistías en favor de los perpetradores de estos delitos, por lo que en concordancia con la jurisprudencia de la corte –Control de Convenciona­lidad- PPK constitucionalmente no tiene capacidades para indultar a Fujimori debido a la categoría y estatus jurídico de los delitos que este cometió ; máxime si se entiende que en el Estado Constitucional y Demo­crático las prerrogativas de todo funcionario –en este caso la de perdonar un delito- son en concordancia con el ordenamiento jurídico (sobre todo con sus prin­cipios y valores), ergo las facultades presidenciales son relativas.

Además de asistir el derecho a la verdad y la justi­cia en las víctimas y sus familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos; POLÍTICAMENTE buscar en el indulto a Fujimori la gobernabilidad vía la convivencia con el fujimorismo, a priori puede parecer una gran jugada de ajedrez; sin embargo, más allá del árbol, en el bosque se esconde la realidad de la política perua­na, la realpolitik nacional oscila entre los pros y antis fujimoristas, por lo que cualquier “acuerdo” debe ser bien pensado. El indulto generaría una ilusión de paz y buena voluntad para formar una agenda legislativa y ejecutiva pro país, el parlamento entraría a un breve receso de interpelaciones y censuras, distraídos natu­ralmente en el retorno del líder fundador a su liber­tad. Pero todo esto, será momentáneo, el fujimorismo como todo movimiento de derecha en el Perú, no es ni interna y menos externamente institucionalizado, sus pactos políticos no son tan rígidos como su Constitu­ción del 93, y en el camino un posible escenario de un Congreso cómplice ante la ineptitud de un gobierno también de derecha, el demostrado juego de poderes regresará más rápido que apurado. Solo esperar las cifras del crecimiento económico del país a fin de año nos dan una pista de quién será el siguiente ministro de lujo desaforado.

Entonces, la ingobernabilidad no la genera necesaria­mente el Parlamento con su mayoría fujimorista, la cri­sis política que atraviesa el gobierno de PPK es razón de sus propios errores como presidente y de su tan pesado saco de empresario pro lobbies. No entender el check and balance es responsabilidad de un gobierno tecnócrata-empresarial nulo en criterios políticos, que aceptando un indulto inconstitucional para solucionar sus propios problemas de corrupción va más allá inclu­so de lo político y jurídico; tiene que ver con la visión de país que nos dejará este gobierno que nos conduce al bicentenario. Indultar al presidente más corrupto de nuestra historia como República resulta ser un gran golpe a la institucionalidad democrática.

PPK tiene más alternativas, entre ellas la de empezar a hacer política; sin embargo, la pregunta es ¿Nuestra institucionalidad es el precio de la libertad de un ex dictador?

Por: Aarón Medina