TODOS PODEMOS DENUNCIAR A LA CORRUPCIÓN

[dropcap]P[/dropcap]ara nadie es ajeno que la corrupción en nuestro país ha logrado insertarse en todos los niveles bajo todas las modalidades. Según las últimas encuestas para el 47% de ciudadanos era uno de los tres principales problemas del país; el porcentaje subió a 52% cinco años después.

De esta manera, la corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más graves de los peruanos.

La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público es cada vez más extendida.

La impresión no es del todo injustificada: para la Pro­curaduría Anticorrupción, hace un año, el 92% de los alcaldes del país (casi 1.700 de 1.841) estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción vincu­lados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

Y tal como lo dice Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía, ‘para la mayoría, el gran problema con la corrupción son los recursos que el Estado pierde cada vez que, por ejemplo, un alcal­de distrital cobra una proporción del dinero del canon invertido en estadios con mayor aforo que la cantidad de habitantes del distrito o cada vez que un congre­sista contrata trabajadores fantasmas para laborar en su despacho. Estas pérdidas, por cierto, no son insig­nificantes’.

Sin embargo, los esfuerzos por luchar contra este peligroso flagelo, se encuentran en todos nosotros. Cualquier ciudadano, común y corriente, puede de­nunciar actos de corrupción ante las instancias perti­nentes, sin tener temor de ser descubierto.

Por ejemplo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), con el objeto de incentivar las denuncias por actos de corrupción o hechos trascendentales, dis­puso para estos casos, se brinde la protección de la identidad del denunciante, eliminándose de esta for­ma la posibilidad de alguna represalia o el temor del justiciable que el resultado del proceso judicial le sea desfavorable a raíz de la formulación de la denuncia.

La finalidad de esta iniciativa responde al hecho de incentivar al denunciante para que ponga en cono­cimiento del órgano contralor del Poder Judicial, la existencia de actos disfuncionales de trascendencia (corrupción), garantizándose para ello, la protección de su identidad durante todo el desarrollo del proce­dimiento.

La medida adoptada por la OCMA, prevé que se le asigne al quejoso un código de identificación, pre­servándose de este modo la reserva de su nombre y facilitándose el esclarecimiento de los hechos en las investigaciones disciplinarias que se siguen en el ór­gano de control de este Poder del Estado. Inclusive, la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) implementa a la fecha, una lucha frontal contra la co­rrupción. Para hacer del Perú un país decente, digno y sin impunidad, el gobierno nacional ha promovido en los últimos años más de 500 investigaciones por delitos de corrupción por montos superiores a más mil 434 millones de soles.

De acuerdo a sus estadísticas, se han rescatado de manos de los corruptos cuatro veces más de lo que antes se recuperaba (cerca de 4 millones de soles), además los hemos vencido en las cortes y juzgados de todo el país.

El principal objetivo del gobierno es lograr una admi­nistración pública honesta y transparente, capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus au­toridades y en sus instituciones erradicando lagunas de impunidad.

En el Perú se acabó la corrupción. Que sepan los co­rruptos que si le robas al país, le robas a todos los pe­ruanos; y que los peruanos honestos y trabajadores no vamos a permitir que se salgan con la suya. No nos vamos a poner de costado, sino que les cerraremos el paso, los juzgaremos con severidad y haremos que paguen. Así sea.

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