LA MINERÍA FORMAL SIGUE ENGAÑANDO

Serias implicancias para los proyectos mineros traen consigo los riesgos de no difundir la informa­ción de manera transparente. Estos errores en el manejo de la información generan desconfianza y dan inicio a conflictos entre comunidades y empre­sas mineras. Un ejemplo claro sin duda es lo que sucede en Challhuahuacho, región Apurímac donde los pobladores se hallan en paro de 72 horas.

En la base de los conflictos socio-ambientales de origen minero, este es uno de los factores que moti­va la protesta social. En este breve análisis, presen­tamos dos casos que son un ejemplo claro de este problema, que sumado a otros factores, explican el escenario de conflictividad.

El primer caso es el de Huiniccasa de la empresa minera Orión, en Ayacucho. Un proyecto que en su origen tuvo la aceptación de la comunidad, pero que luego devino en una situación de desentendimiento progresivo entre la empresa y la comunidad, por problemas de contradicción entre las ofertas y los impactos ambientales que fue generando sus acti­vidades de exploración.

Otro ejemplo claro lo encontramos en el proyecto minero Las Bambas el mismo que -luego de haber sido calificado como el “contrato del siglo” por el ex presidente Alan García- contaba con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para la cons­trucción de un minero ducto de más de 200 kilóme­tros, que saldrías de Challhuahuacho en Apurímac y llegaría hasta Espinar en Cusco. Al final, los nuevos dueños, la empresa MMG de origen chino, simple­mente lo desechó y ahora transporta el material en cisternas gigantescas agudizando la contaminación ambiental.

Por consiguiente, la desinformación y falta de trans­parencia son los peores enemigos para un proyec­to minero que pretende desarrollarse en común acuerdo con las poblaciones y comunidades locales.

En ese escenario, los Estudios de Impacto Ambien­tal pueden convertirse en instrumentos importan­tes para brindar información a las comunidades. Lamentablemente, estos resultan bastante restric­tivos: presentan periodos muy cortos para realizar observaciones, espacios de participación ciudadana casi inexistentes e información técnica compleja, que no es presentada de manera accesible a la po­blación.

Frente al actual escenario de conflictividad que re­fleja esta desconfianza de la población y de las co­munidades en nuestro país, el Estado debe cumplir su rol de garante del derecho de acceso a la infor­mación.

Pero, viendo el mapa de la conflictividad social en el país; así como las alertas formuladas por la De­fensoría del Pueblo, nos provoca preguntar ¿Cuán­tas descargas de vertimientos, cuántas emisiones y qué tonelaje de residuos sólidos se vienen generan­do en las zonas conflictuadas?

Un observador aguzado podría decir que los con­flictos en Espinar y en Occobamba (La Convención) no son ambientales. Que el pedido de ciertas comu­nidades campesinas de participar en los beneficios de los programas de responsabilidad social de las empresas mineras no tiene una entraña ambiental. Que el pliego popular que rechazó la minería infor­mal en Chumbivilcas -y de paso la minería formal-clamando a gritos la intangibilidad de las cabeceras de cuencas, no era un conflicto ambiental sino más una reivindicación política.

Decimos entonces: lo “ambiental” se ha mediatiza­do, se ha envilecido, se ha vuelto un lugar común, una media verdad y un cajón de sastre, todo por la falta de decir la verdad a la sociedad. Así sea.

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